Vecinos y vecinas de Gamonal salen a las calles a impedir que el
gobierno del PP, en compadreo con un empresario condenado por corrupción
urbanística en el pasado, pasen por encima de la voluntad del pueblo.
Gamonal resiste y su caso no es aislado: es ejemplo de lo ocurre en todo
el estado.
El vaso se desborda en Gamonal
El barrio Burgalés ha saltado de forma
inesperada a los medios de comunicación, incluso a los internacionales
como el Washingtong post o el New York Times, tras acumular varios días
seguidos de intensos disturbios.
Sin embargo, paradójicamente esa vertiente de los
acontecimientos que ha abierto las puertas de los grandes medios a la
realidad del barrio, es en buena medida el telón que oculta los motivos
últimos que subyacen a lo que ya se puede considerar sin temor a
exagerar como una auténtica rebelión ciudadana.
La violencia, sin la cual las protestas hubieran
pasado desapercibidas, atrae ahora todos los focos impidiendo
comprender en profundidad cuales son los elementos que han llevado a
miles de vecinos a echarse a las calles y enfrentar a cuerpos armados
que acumulan ya más de 40 detenciones y numerosas personas heridas o
contusionadas.
La construcción de un Bulevar con el tráfico
restringido en lo que es hoy la calle Vitoria, principal arteria de
comunicación de la ciudad, no parece por si sola, una razón suficiente
para explicar los acontecimientos, como por si solas son insuficientes
todas las demás explicaciones: Hartazgo del abuso y desatención de la
clase política hacia los ciudadanos, episodios constantes de corrupción
urbanística y especulación con el territorio, tasas de paro insufribles,
crisis económica lacerante o represión policial a movimientos
pacíficos.
Pero cuando todas estas líneas se cruzan y
muchas vecinas descubren que aparcar ahora su vehículo será una tarea
imposible, los comerciantes se dan cuenta de que sus tiendas estarán 18
meses rodeadas de obras, la ciudadanía ve detrás de la operación a un
empresario local que fue condenado a 7 años de cárcel en el pasado y
sólo estuvo 9 meses en prisión y observa como el ayuntamiento recorta
subvenciones y ayudas a proyectos sociales, elimina líneas de autobuses
interurbanos o cierra una guardería pública muy conocida argumentando
que carece de fondos para cubrir los 13.000€ que cuesta reformarla,
entonces el malestar general y el particular se cruzan, se entrelazan y
se canalizan a través del tejido asociativo que se ha robustecido en los
últimos años de saqueo indiscriminado a la población. El resultado, un
barrio de Burgos salta a la prensa internacional con escenarios a la
griega.
El Bulevar.
En la memoria colectiva del barrio aún queda el
recuerdo de la victoria obtenida en 2005 contra el proyecto de
construcción de un aparcamiento subterraneo al que el consistorio del PP
hubo de renunciar entonces.
Ahora, el proyecto es recuperado en otra
ubicación y complementado con el mencionado Bulevar, lo que ha vuelto a
sacar a la calle al movimiento vecinal con motivos redoblados.
Las obras están tasadas en 8,5 millones de Euros y
además de eliminar dos carriles de circulación de la vía más transitada
de la ciudad, suponen que vecinos y vecinas deberán optar entre aparcar
lejos de su barrio o adquirir una de las plazas del nuevo
estacionamiento privado a un coste aproximado de 20.000 euros.
El tejido comercial de la zona también ha
mostrado su preocupación por la forma en que afectará a sus comercios
verse rodeados de obras por un plazo no menor a los dieciocho meses.
De las dos empresas que optaron a las obras, el
equipo del actual Alcalde del PP Javier Lacalle optó por la propuesta
más cara, la que encabezaba un conocido empresario y constructor
burgalés y presidente del Grupo Promecal (dueño del Diario de Burgos
entre otras cabeceras), Antonio Miguel Méndez Pozo.
El empresario.
Méndez Pozo, uno de los principales apoyos de José
María Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León a
finales de los ochenta, fue condenado a siete años de prisión por el
famoso caso de la construcción, pero sólo pasó en prisión nueve meses.
Muy vinculado al Partido Popular, su nombre
vuelve a aparecer en la actualidad por ser socio de uno de los
empresarios imputados por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri , con el
que comparte la concesión de la Radiotelevisión de Castilla y León,
financiada por el gobierno autonómico, también del Partido Popular.
El magnate de la comunicación y la construcción,
sería el máximo beneficiario del proyecto de Bulevar que ha puesto en
pie de guerra a la ciudad castellana.
El Alcalde
Javier Lacalle, alcalde de Burgos, lleva cobrando
un sueldo por hacer política desde el año 1995 en el que fue elegido
concejal del Ayuntamiento de Burgos. En 1999 pasó a ser Director General
de Juventud de la Junta de Castilla y León, cargo que simultaneó sin
problemas en el mismo periodo con el de secretario general de la Red
Española de Albergues Juveniles hasta 2003.
Durante el periodo 2003 al 2011, fue primer
teniente de alcalde, portavoz y concejal de Fomento en el Ayuntamiento
de Burgos, y finalmente en junio de ese mismo año fue nombrado Alcalde
cuando su predecesor en el cargo, Juan Carlos Aparicio, dejó la política
para ser nombrado sólo año y medio más tarde consejero de la empresa
Indra como uno de los representantes de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.
En lo relativo al conflicto Lacalle se ha mostrado
reacio a hablar con las asociaciones que disienten con el proyecto
mientras ha exhibido el apoyo que le ofrecían otros colectivos afines.
El alcalde según la ya disuelta plataforma
"Bulevar ahora, no", ha hablado con asociaciones de cuidadores de
pájaros, peñas festivas o grupos de canto, vendiendo a la opinión
pública que estos eran los apoyos vecinales que había obtenido, cuando
se ha negado reiteradamente a escuchar a asociaciones de vecinos
críticas.
Tras los disturbios ha señalado que las obras van a
continuar y ha acusado a los manifestantes de estar infiltrados por
grupos de profesionales de los disturbios venidos de otras ciudades.
La Policía.
Más de 130 agentes antidisturbios llegados de
Valladolid y Madrid, tratan sin éxito de disolver la protesta desde hace
varios días. Las fuertes cargas realizadas han dejado un saldo de más
de 40 personas detenidas y más de una decena de heridos de diversa
consideración.
El Pueblo.
Los vecinos y vecinas anuncian que continuarán con
las movilizaciones, piden la libertad de todas las personas detenidas y
denuncian la vulneración de su derecho a manifestarse tras las
repetidas cargas de la policía nacional.
Denuncian que ésta intervino disolviendo a
manifestantes tras movilizaciones pacíficas generando así una ola de
indignación que dió pie a los enfrentamientos que saltaron después a los
medios de comunicación.
La construcción del Bulevar es la gota que colma
un vaso lleno de agua turbia procedente de la corrupción
institucionalizada, el recorte de derechos sociales y laborales y el
desprecio absoluto por la opinión de las personas y colectivos que
forman parte del barrio y ven como los recursos que se niegan al común
se le ofrecen sin disimulo al cacique de turno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.